Guatemala, en una situación post-conflicto a casi 13 años de la firma de los acuerdos de paz, presenta una preocupante línea de continuidad de la violencia del Estado. Es uno de los países de América Latina donde hubo más víctimas de la represión estatal. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) registró 11,598 víctimas de tortura durante la guerra, pero la totalidad de las torturas cometidas y cuyas víctimas son en su mayoría indígenas mayas no queda reflejada. Frente a ello el estado no ha desarrollado los mecanismos de prevención necesarios. Hay una falta de políticas de investigación y sanción de casos de tortura, que ha provocado un alto nivel de impunidad. El mayor número de víctimas recientes de tortura lo constituyen los más pobres y más vulnerables (mujeres, indígenas, jóvenes, niños en calle, personas de la diversidad sexual, migrantes y personas privadas de libertad).
En este marco se desarrolla a lo largo de 3 años el proyecto “Tortura: prevención y rehabilitación en el contexto multicultural de Guatemala” ejecutado por el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial-ECAP y el Instituto de Ciencias Penales y Estudios Comparados de Guatemala y la Maestría en Psicología Social y violencia política de la Facultad de Psicología en la Universidad San Carlos como socio.
Se parte de la base de que el conflicto armado y la militarización del país provocó una interiorización de la violencia en la sociedad guatemalteca, que ahora se muestra tolerante ante la violencia y ve la tortura como normal, haciendo que estas prácticas persistan tanto en un marco de estado, como en las relaciones sociales del país.
El proyecto respondió a la necesidad de rehabilitación de las víctimas de tortura y a la vez a promover las políticas de Estado en materia de investigación, sanción, reparación y rehabilitación en este tipo de situaciones.
En las instituciones encargadas de atender a personas sobrevivientes como el Programa Nacional de Resarcimiento y el Programa Nacional de Salud Mental, no existían espacios de sensibilización y habilidades específicas para la atención psicosocial y se logró abrir un espacio de formación continua para abordar estas materias tomando como base al “Protocolo para la atención en salud mental a poblaciones que sufrieron violaciones a los derechos humanos y violencia política, durante el conflicto armado interno”.
En instituciones encargadas de la prevención, investigación y sanción, como el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Instituto de la Defensa Pública Penal, Procuraduría de Derechos Humanos u organismo judicial; además de abrir espacios de formación, se logró contribuir a la aprobación de la instrucción del Ministerio Público para la aplicación del “Protocolo de Estambul” o “Manual de investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes” y de esta forma que el Estado tenga lineamientos de investigación acordes con las directrices de Naciones Unidas; se elaboraron varios manuales para la formación a funcionarios públicos; y se incidió en la aprobación del “Protocolo Facultativo contra la tortura” como compromiso internacional del Estado de Guatemala y que deja actualmente pendiente la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención como nuevo compromiso de Estado.
En materia de rehabilitación psicosocial se logró ofrecer atención psicosocial a 594 personas víctimas de tortura y familiares. El trabajo realizado se llevó a cabo en el idioma materno de las personas, la metodología utilizada propició los recursos ligados a la cultura y cosmovisión indígena, como la elaboración de artesanías locales, el trabajo conjunto con terapeutas tradicionales de los municipios, la celebración de ceremonias mayas o el rescate del uso de plantas medicinales. Se llevaron a cabo encuentros con terapeutas tradicionales con el fin de compartir un modelo de atención en salud, desde el ECAP y desde las culturas ancestrales mayas.
El trabajo en el marco del proyecto contribuye a que las víctimas salgan de su situación de aislamiento, soledad, tristeza y pensamientos recurrentes, sobre todo en el caso de las mujeres. Así, han encontrado un espacio de solidaridad y apoyo y poco a poco han construido una red social con nuevos propósitos, nuevas metas y un nuevo proyecto de vida. En el proceso han descubierto y visualizado nuevos conocimientos, capacidades y habilidades y con ello han mejorado su calidad de vida. En algunos casos han encontrado una nueva proyección social con nuevos retos, oportunidades y desafíos que llenarán de gratificaciones la vida de las personas y sus comunidades mejorando su condición de vida actual y luchando para que la tortura sea una práctica castigada y rechazada a nivel social.
Las acciones que lo/as sobrevivientes pasan de un ámbito privado a un ámbito público en procesos de memoria histórica. En ese sentido se publicó el libro “Florecer: trabajo en salud mental con sobrevivientes de genocidio en el camino de la justicia” y “el sol no se puede tapar con un dedo” como productos de los propios grupos, que recopilan la lucha por la justicia que las comunidades han seguido, apropiándose del material, y construyendo una estrategia de difusión. También se elaboraron varios murales manta que reflejan la historia y lucha de grupos de hombres y mujeres sobrevivientes de tortura, genocidio y tortura sexual.
El proyecto “Tortura: prevención y rehabilitación en el contexto multicultural de Guatemala” deja muchos aprendizajes, insumos y capacidad instalada no solo en personas, comunidades o instituciones del Estado, sino también a través de diferentes materiales como un Manual para la lucha contra la tortura, un estudio sobre la práctica de la tortura en Guatemala, los libros “trabajo psicosocial por violaciones a derechos humanos” o “Plan de Sánchez: una aproximación a la estrategia psicojurídica”, junto con materiales de apoyo como la traducción de la radionovela “Victoria Rompió el silencio” en idiomas mayas, el juego “Florecer” y dos videos “Alegato contra el olvido” que refleja la experiencia de trabajo psicosocial en el proceso de implementación de las medidas de reparación en salud física y mental en la sentencia del caso Plan de Sánchez en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el video “N’qa ya’ q’a k’ij. Nos damos nuestro valor. Dignidad” que refleja el desarrollo del proyecto y sirve como material para la difusión de los ejes de trabajo psicosocial con víctimas de violaciones a derechos humanos.
